El “open government” o “gobierno abierto” es una teoría política relacionada con la transparencia de la actividad de las administraciones, la creación de espacios para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la rendición de cuentas de los gobiernos y las herramientas tecnológicas que pueden apoyar todos estos objetivos. Es un concepto poliédrico, que cada vez amplía más sus posibles acepciones, por eso la red está llena de recursos que permiten profundizar en el tema. De entre ellos, me parecen especialmente recomendables los blogs de César Calderón, Carlos Guadián y Javier Linares.
El actual contexto de crisis económica ha acrecentado la exigencia ciudadana de una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y nos ha recordado lo mucho que queda por hacer en este campo. Una reivindicación que a veces no nos permite valorar adecuadamente los pasos que ya se han dado en esta materia. Afortunadamente cada vez hay más gobiernos y más iniciativas legislativas que consideran a los ciudadanos y ciudadanas como sujetos activos de su acción.
La contratación pública es posiblemente un campo pionero en materia de gobierno abierto. Desde mediados de los años ochenta, con la adhesión de España a las «Comunidades Europeas», nuestras administraciones se han visto obligadas a celebrar sus contratos bajo el marco regulador armonizado que venía de Europa. De hecho, la actual norma de referencia (el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) no es más que la transposición (con mayor o menor rigor) de la correspondiente directiva comunitaria en materia de contratos públicos.
Esta Ley pretende garantizar que los procesos de contratación de las administraciones se ciñan a los principios de libertad en el acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de una eficiente utilización de los fondos destinados a la compra de bienes y servicios por parte de la administración.
Uno de estos objetivos es reforzar la publicidad de los procesos de contratación, lo cual ha dado lugar a la aplicación de varias auténticas medidas de «gobierno abierto». Quizás la más útil de todas ellas sea el «Perfil de contratante»: una dirección de internet en la que cada administración debe colgar la información relativa a sus expedientes de contratación administrativa. El único contenido obligatorio del perfil es la información relativa a la adjudicación de los contratos, aunque la Ley «invita» a colgar cualquier otra información relevante, como las licitaciones abiertas, las contrataciones programadas, los procedimientos anulados, o los datos de contacto del órgano de contratación.
En el Consorcio «Fernando de los Rios» hemos optado por una interpretación generosa de la norma, haciendo de nuestro Perfil de Contratante un verdadero reflejo de nuestra actividad contractual. Desde aquí se puede acceder a toda la información relativa a nuestros contratos abiertos: pliegos, adjudicaciones, informes de valoración, actas de la mesa de contratación y formalización de los mismos. Cualquier persona, interesada o no en el procedimiento, puede acceder a esta información porque, no se trata sólo de mejorar la relación con nuestros proveedores, sino de que cualquier ciudadano/a pueda conocer cómo ejercemos nuestras obligaciones legales en materia de contratación pública. Un paso más hacia un verdadero gobierno abierto.
[…] este blog ya hemos analizado la relación que hay entre la contratación pública y la teoría del Gobierno Abierto, por eso ahora vamos a descender a un ejemplo más concreto: la publicidad en los procesos de […]